martes, 5 de noviembre de 2013

Estudian leyes que affectan la promoción inmobiliaria



El presidente de Apiur (Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos), Roberto Orta, resumió en un trabajo las normativas que afectan actualmente la promoción inmobiliaria en el país. Recordó la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, publicada en Gaceta Oficial No.39.912 del 30-04-12 y la Normativa de la misma Ley publicada en la Gaceta Oficial No.39.992 del 23-08-12.
La Ley Contra la Estafa Inmobiliaria creó la Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, que controla y centraliza los permisos para construir un inmueble residencial en cualquier parte del país. El control que ejerce este órgano gubernamental incluye aprobar el precio de venta de los inmuebles, y autorizar cualquier modificación que se haga del mismo.
A la Dirección del Sistema Nacional de Vivienda también le corresponde vigilar el cumplimiento del límite temporal para el desarrollo de la obra: desde el inicio hasta la finalización de los inmuebles no podrán pasar más de 24 meses, y cualquier extensión de ese plazo debe ser permitida por el Ministerio de Vivienda, según la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria.
En el artículo 5 de la Normativa de la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria se establece que “Los optantes y compradores de las Viviendas correspondientes a obras financiadas con recursos provenientes de la cartera hipotecaria obligatoria, serán preseleccionados por la Inmobiliaria Nacional S.A. (...). Los datos de estos optantes serán remitidos a la entidad financiera correspondiente para calificar créditos a largo plazo”.
Lo anterior, comenta Orta en el informe, "quita la potestad al constructor y promotor de prevender y vender libremente la vivienda en construcción, dándole a la Inmobiliaria Nacional la elección de optantes y compradores".
La Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Vivienda fue revisada igualmente en la investigación de Orta. El experto destacó que la Ley obliga a los promotores de inmuebles a destinar un porcentaje de las viviendas que construyan al alquiler si el proyecto tiene más de 10 viviendas. El problema con esto, agrega Orta, es que el Ministerio de Vivienda y Hábitat no ha fijado por medio de una resolución el porcentaje de viviendas que deberían usarse para el arrendamiento, por lo que este artículo (84) de la Ley de Arrendamiento es imposible de cumplir, generando incertidumbre en la factibilidad de los proyectos, por lo que propone que su derogación, a los efectos de incentivar la construcción de viviendas.


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