viernes, 22 de noviembre de 2013

"La peor decisión que tomamos fue invadir"



Los días de Adriana Cabrera transcurren en un cuarto estrecho, apretujada con su familia en un área que no supera los dos metros de ancho y que reúne cuarto, baño y cocina. Tiene 23 años viviendo en uno de los locales ubicados en el sótano 2 de Parque Central. “Antes vivía en un bajante”, afirma. Por eso no veía con recelo las condiciones de su cuarto. Ahora está embarazada de morochos y teme que sus hijos puedan enfermarse al nacer por los constantes botes de aguas negras en el lugar.

“No tenemos papeles”, dice sobre la propiedad del inmueble. Hace algunos meses, cuando nombraron a Corpocapital responsable de la administración del complejo, fue censada: “Somos varias las familias que estamos aquí. Espero que nos adjudiquen una vivienda porque no queremos ir a refugio”.

Algunas invasiones tienen más de una década.

Hace 15 años, 32 familias tomaron el edificio Immacolata, localizado en la esquina de Perico, en la avenida Universidad. 12 años atrás, 27 familias invadieron el edificio Continente, en Parque Carabobo. “El inmueble pertenece a Fogade. La policía nunca vino a intentar desalojarnos, acudimos a varias instituciones, pero no nos atendieron. En 2011 conseguimos que el Instituto Municipal de Gestión de Riesgo y Administración de Desastres hiciera una inspección y determinó que es una construcción en alto riesgo debido a las filtraciones y a la superpoblación. Este era un edificio de oficinas que no estaba preparado para ser habitado”, explicó Martha Castro, una las primeras en llegar al Continente. Sin embargo, las 27 familias iniciales se multiplicaron y ahora son 70.

Hace una semana, el instituto realizó otra visita y constató que la situación ha empeorado. “Ha sido difícil controlar la cantidad de personas que ingresan u organizarnos para pagar la limpieza. Constituimos una Organización Comunitaria de Vivienda, pero duró poco. La peor decisión que tomamos fue invadir”, dice Castro. En su caso, además de soportar los problemas propios de la invasión reconoce que en el edificio afrontan problemas de inseguridad. “Hay denuncias en la Prefectura y en la Fiscalía hechas por los propios vecinos por la música alta o hechos irregulares que han ocurrido con consumo de drogas, y no podemos decir que sean falsas”.

Problemas de convivencia. Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, asegura que no hay una política coherente del gobierno central para controlar las invasiones: “La policía no actúa y la Fiscalía no impulsa los casos para que lleguen a los tribunales penales. Antes del año 2000, las invasiones eran de terrenos, lo inédito era que empezaran a tomar inmuebles construidos o que se encontraban en proceso de construcción, remodelación o venta”. Apiur cuenta 157 edificios invadidos en Caracas.

Para quienes habitan en los alrededores de inmuebles invadidos, las tomas se han convertido en un problema; reconocido por los propios ocupantes. Alejandro Gutiérrez, invasor en la Torre Viasa, ubicada en la avenida México, asegura que sus vecinos tienen muy mala imagen de ellos: “Si roban, dicen que fuimos nosotros. De esa puerta para afuera no nos quieren”. Gutiérrez llegó a la torre hace seis años porque se quemó la casa donde vivía en Petare. Allí se han organizado para mantener las áreas comunes, pero el acceso al agua sigue siendo con tobito y algunas habitaciones ni siquiera tienen baño.

“Cada caso es particular. En el Immacolata han tratado de legalizar su situación. En cambio en Continente deberían desalojar, garantizar una vivienda digna a quien lo merezca y llevar ante la justicia a los criminales”, dijo Carlos Julio Rojas, del Frente de Defensa del Norte de Caracas.

Regularización

El edificio Quetzal en Plaza Venezuela fue invadido hace 10 años. Un decreto presidencial de 2011 ordenó la expropiación, los habitantes cuentan con un auto de ocupación y están a la espera de que el Banavih les informe las condiciones de pago. En la misma situación está el edificio Taormina, invadido hace 20 años en la avenida La Salle.

En el Immacolata esperan que se tome una medida similar.

Roberto Orta, presidente de Apiur, cuestionó la medida porque los propietarios de los inmuebles aún no reciben el pago producto de la expropiación.

Fuente: El Nacional
Fecha: 13-11-2013

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