sábado, 15 de julio de 2017

Cámara Inmobiliaria Metropolitana: MANIFIESTO SOBRE LOS RIESGOS DE LA CONSTITUYENTE PARA LA PROPIEDAD Y EL HOGAR DE LOS VENEZOLANOS

Sustituir la propiedad privada por propiedad comunal es destruir el derecho a la propiedad de los ciudadanos venezolanos. La propiedad comunal es propiedad del Estado totalitario. Las organizaciones civiles, promotoras y defensoras del derecho humano, democrático y constitucional a la propiedad, asumimos la responsabilidad de luchar contra los graves riesgos que comporta esta  propuesta  de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente. No podemos olvidar las  invasiones masivas de inmuebles durante el 2003, la intervención de grandes extensiones de tierras agrarias en 2005, la ocupación de industrias, toma de edificios, terrenos, galpones y demás propiedades, violandose reiteradamente el debido proceso, el derecho a la defensa y la garantía de indemnización a sus legítimos propietarios establecidos en el artículo 1! 15 de la Constitución. Son incuantificables daños materiales y morales que han generado atraso, desinversión, desabastecimiento, desempleo y crisis generalizada.
No es descartable, la intención de revivir en la Constituyente el texto de la rechazada Reforma Constitucional de 2007, el cual restringe el derecho a la propiedad privada a “bienes de uso y consumo” como estipula la Constitución de la República de Cuba, regulación que anula el derecho del propietario sobre lo que haya comprado, adquirido o construido con su esfuerzo, eliminando el libre emprendimiento personal, profesional, comercial y empresarial. El impulso de “nuevos tipos de propiedad”, esconde decretos  leyes y políticas que han afectado el esfuerzo de miles de venezolanos a quienes les han arrebatado sus propiedades. Entre 2005 y 2015 se registraron 110.974 violaciones de la propiedad privada las cuales incluyen expropiaciones, regulaciones confiscatorias, invasiones, ocupaciones, intervenciones, saqueos, decomisos d! e mercancía y cierres de empresas. Se han promulgado leyes que afectan el arrendamiento y la construcción de viviendas por parte del sector privado que anulan la oportunidad de millones de familias de optar al alquiler o a viviendas en construcción como una opción para solventar sus necesidades habitacionales. Nuestra responsabilidad es oponernos a la ilegal e inconstitucional convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, rechazamos cualquier cambio a la Constitución y especialmente el relativo al derecho a la propiedad consagrado en su artículo 115. Invitamos a los venezolanos a la Consulta Popular a realizarse el próximo 16 de julio, donde nos expresaremos sobre la Asamblea Nacional Constituyente. En Caracas, a los catorce (14) días del mes de julio de dos mil diecisiete (2017).
Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios (Atraem), Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Cámara Inmobiliaria Metropolitana (Cim), Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad), Movimiento para la Defensa del Patrimonio Familiar (Modepaf) y Observatorio de Derechos de Propiedad.

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